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El Caso del Casino Balear toma una deriva de consecuencias imprevisibles: La Fiscalía exige el expediente al Ayuntamiento de Palma

 
El Consistorio de Palma de Mallorca remitió el pasado martes a la Fiscalía Anticorrupción el expediente del rechazado Casino Teatro Balear, según confirmó al Diario El Mundo el propio teniente de alcalde de Urbanismo, Antoni Noguera.
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Según relata El Diario, el traslado de la documentación se efectuó a petición del Ministerio Público después de que el pasado viernes una dotación policial se personara en el edificio de Avenidas para requerir toda la información sobre el caso. Según aseguró a este diario el propio concejal dos altos funcionarios testificaron al respecto sobre un asunto que, hasta ahora, estaba circunscrito al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y que ahora parece encaminarse a los tribunales de lo penal.

Se da por hecho que otros empleados públicos, además de altos cargos políticos, serán llamados a declarar.

A ello hay que unir que el actual concejal de Urbanismo está a cuatro meses vista de tomar posesión de la vara de mando del Consistorio palmesano relevando a su antecesor en el cargo, el alcalde socialista Jose Hila. Un primer edil que, por cierto, también participó la pasada legislatura en algunas de las reuniones del Consejo de Gerencia de Urbanismo que se saldaron con la negativa municipal a permitir la instalación del citado casino en el centro de Palma. Y es que por ahora, salvo en causas puntuales, el promotor del rechazado casino está ganando la batalla en los tribunales.

La clave del caso está sin duda en el peritaje judicial independiente encargado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma y que el pasado verano ponía en entredicho los argumentos que llevaron a la Concejalía de Urbanismo a vetar su apertura en lo que fue la sede del hoy cerrado Bingo Balear.
El peritaje contradice a Cort

En contra del parecer municipal, no había ni colindancia de viviendas con local «porque no hay ningún inmueble declarado con ese uso», «ni el proyecto integrado de reforma para la adaptación de bingo a las exigencias de la autorización de casino amplía la superficie a ocupar con respecto a la que venía utilizando con respecto a la anterior licencia».

Hay que recordar que las dos claves por las que Cort denegó la pasada legislatura la licencia otorgada por el Govern para la instalación de este negocio en las inmediaciones de la plaza del Olivar eran rechazadas por el informe de este arquitecto independiente.

En relación a la colindancia de viviendas que Cort adujo en su día para denegarle los permisos pertinentes, el informe pericial dejaba claro que «existen discrepancias entre el plano catastral y la realidad en lo que hace referencia al perímetro del conjunto».

Además sobre si el proyecto ampliaba las superficies a ocupar respecto a lo que venía utilizando el Bingo Balear, su veredicto también era concluyente: «No se amplía con respecto a la que venía utilizando con respecto a la anterior licencia. La superficie útil en la licencia anterior era de 2.946 metros cuadrados y es incluso superior a la solicitada en el proyecto, 2.808».

Es decir, según este informe, la nueva instalación no habría precisado una nueva licencia tal y como precisó el propio promotor en un escrito remitido hace un año a la actual dirección de Urbanismo, sin resultado alguno.

Como advertía el propio TAG del Servicio de Tramitación Administrativa «no era necesario obtener la licencia de actividad antes que la de obras, por el hecho de que el expediente de tramitación se inició previamente a la entrada en vigor de la Ley 7/2013 de instalación, acceso y actividades».

Todos saben en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma que el caso Casino no ha hecho más que empezar a andar y una vez que la Fiscalía ha abierto el melón las consecuencias pueden ser imprevisibles para funcionarios y altos cargos políticos.

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